ABSTRACT
El enfermo mental que delingue o que viola la ley, ha salido a la luz desde hace veinte años, y aunque es un hecho que los individuos con trastornos mentales son más vulnerables de ser detectados y arrestados, no se puede afirmar que todos los enfermos mentales sean delincuentes ni que todos los delincuentes sean enfermos mentales, pero en muchas ocasiones la enfermedad mental es un factor desencadenante en la comisión de delitos, que va de los simples robos hasta los homicidios inmotivados. Es necesario reflexionar en torno a la complejidad de la impartición de justicia cuando se junta la psicopatología y el crimen. En nuestro país, resulta difícil homogeneizar los criterios para haceptar el fallo del juez en los casos de enfermedad mental o inimputabilidad, pues al parecer, las decisiones finales sobre las consideraciones psiquiátricas no resultan ser lo suficientemente claras y, por lo tanto, no son contundentes. Pesa más el desconocimiento de la enfermedad mental por parte de los jueces, quienes se basan en la dinámica del crimen y en los aspecto legales por lo que otorgan sentencias de tiempo variando par un mismo delito y, por lo general, muy largas, que lejos de favorecer la evolución de la enfermedad mental del sujeto propician que se exacerbe día a día, con el consecuente deterioro del enfermo mental. La presente investigación tuvo como objeto saber cuáles son los aspectos jurídicos y sociodemográficos de un individuo que, además de haber infringido la ley, padece un trastorno mental. En este estudio se trabajó con una muestra de 98 expedientes que contenían información personal y criminal de sujetos del sexo masculino, mayores de 18 años, que estaban presos en un centro de reclusión que alberga a las personas con enfermedad mental. Para la recolección de los datos se creó un formato expo-factor. Dentro de los resultados encontrados se observó que más de 50 por ciento de los sujetos eran solteros, con poca escolaridad, que en promedio, tenían 37 años y la mayoría estaban clasificados como primodelincuentes e inimputables. Las penas y las medidas de seguridad llegan hasta los 50 años. El delito que sobresalió fue contra la vida, y dentro de éste, predominé el homicidio violento a los parientes; las armas punzo cortantes fueron las que más se emplearon